Resumen de noticias de El Salvador 13-10-2019

Resumen de noticias de El Salvador

13-10-2019

Índice

1- Presupuesto 2020 debe responder a las necesidades de la población: Yanci Urbina

2-Testigo criteriado: Norman Quijano ofreció dinero a pandillas

3-Bukele pide a Quijano que renuncie por supuestas vinculaciones con pandillas

4-Exigen al Gobierno políticas que reduzcan el déficit habitacional

5-Presidente Bukele pide renuncia de Norman Quijano

6-Defensoría del Consumidor encuentra más de 10 mil productos vencidos

7-UES realiza examen de admisión para nuevo ingreso

8-Relator de CIDH preocupado por posibles verificaciones selectivas a medios salvadoreños

9-Residentes del Barrio San Esteban exigen a alcaldía capitalina retirar antena telefónica

10-Modifican nombre de comisión que investigará acusaciones de director de Reconstrucción del Tejido Social

11-Abogados de Vanda Pignato señalan ilegalidades en arresto domiciliario

12-Familia de Manuela podrá obtener justicia y reparación en Corte IDH

13-CDHES rechaza construcción de Ley de Reconciliación sin participación de las víctimas

 

Contenido:

1- Presupuesto 2020 debe responder a las necesidades de la población: Yanci Urbina

 “El Presupuesto General de la Nación 2020 debe responder a las demandas y las necesidades de nuestro pueblo, ese es el principio. Para nosotros es irrenunciable que haya reducción en los programas sociales. Debe cumplirse con todo el marco de proyección que se ha ganado con los programas sociales”, dijo Yanci Urbina, diputada del FMLN, en la Tribuna Legislativa de este viernes, en la que analizó el presupuesto 2020 presentado por el gobierno de Nayib Bukele.

Urbina lamentó que haya una reducción en los programa sociales y en la emisión de subsidios para la población.

“Somos de la opinión que este presupuesto debe cumplir con el subsidio al gas, electricidad, agua y el de transporte. Vemos con mucha preocupación que  el presupuesto ha recortado estos suministros. Y es más preocupante que el Ministro responda que es porque él considera que el costo de combustible va a bajar. Creo que es claro que a la partida del presupuesto del gas y petróleo se la ha disminuido nueve millones. Este tema para nosotros es fundamental”, dijo la parlamentaria.

De igual manera, la diputada cuestionó que el presupuesto a primera vista se  ha reducido en un promedio de 300 millones de dólares, sin embargo, ha aumentado en deuda para los salvadoreños.

Y es que el presupuesto para el año 2020 es de $6,426 .1 millones y el presupuesto para el año 2019 fue de 6,713.2.  Urbina explicó que, en términos presupuestarios, si se le disminuye un componente de la deuda nos damos cuenta que este presupuesto crece.  Ya que comparado el 2020 crece respecto al año 2019. Hay 433 millones más que van orientados al gasto corriente y financiar las actividades del Estado.

“Debemos analizar muy bien porque este presupuesto está basado en deuda. Requiere para su financiamiento 755.8 millones de dólares. Esta parte es importante porque estamos diciendo que el presupuesto está creciendo pero en base, no a la recaudación, sino que crece en relación a que para su ejecución requiere 755.8 millones en deuda”, dijo la diputada.

Ante esto, explicó que cada dólar que se emite en deuda hay que pagar en intereses y es una deuda que se acumula a los salvadoreños. Por lo que el FMLN mantendrán su postura de analizar muy bien el presupuesto.

https://www.diariocolatino.com/presupuesto-2020-debe-responder-a-las-necesidades-de-la-poblacion-yanci-urbina/

2-Testigo criteriado: Norman Quijano ofreció dinero a pandillas

Un testigo criteriado aseguró en el juicio de la llamada operación Cuscatlán, en la que se juzga a una estructura de más de 400 pandilleros, que Norman Quijano ofreció un millón de dólares a la MS13, para ganar las elecciones presidenciales de 2014.

De acuerdo con el órgano Judicial, el testigo identificado únicamente como “Noé”, sostuvo que miembros de la pandilla MS13 y del Barrio 18, las dos más grandes del país, se reunieron con el líder del Congreso el 8 de marzo, un día antes de la segunda vuelta de las presidenciales de 2014.

Quijano, que en su propaganda electoral prometía hacer “todo lo que tenga que hacer para que nuestro país quede libre de maras”, les habría dicho entonces que eso no era más que una “cortina política” y les preguntó “cuánto querían para mover a todas sus bases para que votaran por él”, y le pidieron un millón de dólares.

Según el testigo criteriado, Quijano les dijo que los spot que salían en los medios sólo eran “cortinas políticas”, pero que quería un acuerdo con ellos a cambio de votos, pero cuidando que no pareciera otra “tregua”.

Asimismo, habló sobre las reuniones que sostuvieron con Ernesto Muyshondt en el 2015, que fueron en tres ocasiones, para negociar los votos para las elecciones de alcaldes y diputados.

“Noé” señaló que decidieron aceptar la  petición de ARENA, ya que Raúl Mijango y Paolo Lüers les dijeron que aceptaran.

Quijano participó en dichas elecciones como candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y finalmente perdió en la segunda vuelta de la elección contra el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El diputado de Arena desmintió “totalmente” los señalamiento del testigo bajo criterio de oportunidad, mediante una publicación en su cuenta de Twitter: “Nunca participé en reuniones con pandillas y nunca ofrecí un millón de dólares”, subrayó el político.

https://www.verdaddigital.com/testigo-criteriado-norman-quijano-ofrecio-dinero-a-pandillas/

3-Bukele pide a Quijano que renuncie por supuestas vinculaciones con pandillas

 “Negociaron con la sangre del pueblo. Hay pruebas de que financiaron actos terroristas. Lo menos que podemos exigir es la renuncia de @norman_quijano y que el Fiscal General @MelaraRaul procese a los involucrados por violación a la Ley Antiterrorista”, fueron las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, al referirse a las acusaciones de un testigo criteriado que vinculan al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, con estructuras pandilleriles.

“Noé”, testigo criteriado, en un juicio contra una estructura de la Mara Salvatrucha por el caso denominado “Operación Cuscatlán”, declaró que Norman Quijano, durante su campaña presidencial para las elecciones 2014, se reunió con esa pandilla y le ofreció un millón de dólares. Sin embargo, el actual presidente de la Asamblea Legislativa negó estas declaraciones.

“Ante declaraciones de un implicado en delitos y, hoy, testigo criteriado en juicio de pandilleros: 1. Desmiento totalmente sus señalamientos, 2. Nunca participé en reuniones con pandillas y nunca ofrecí un millón de dólares”, aclaró el legislador en su cuenta de

Twitter.

En sus declaraciones, el testigo criteriado también expone que Norman Quijano aclaró a los miembros de estructuras criminales que su campaña mediática, en la que prometía combatir a estos grupos, era una simple “cortina política” y que los planes reales eran diferentes.

El mandatario salvadoreño, además de salir en defensa de las diputadas areneras Milena Mayorga y Felicia Cristales, quienes han sido separadas y excluidas al interior del partido político, “sin haber cometido ningún delito”, cuestionó al partido de derecha, en especial a sus Tribunales Internos, sobre si procederán o no a realizar un juicio en contra de Quijano.

Bukele también aprovechó la oportunidad para cuestionar a diversos sectores; entre ellos, a la misma Asamblea Legislativa, para que el diputado sea desaforado, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para la investigación respectiva. Sobre esta última, el titular de la institución contestó que dejará que el juicio “Operación Cuscatlán” continúe para determinar lo que corresponda en el caso, por lo que la FGR actuará conforme a la Ley.

Ante las declaraciones de “Noé”, funcionarios del actual gobierno también pidieron a la FGR investigar estos señalamientos. Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), publicó en sus redes: “Señor Fiscal de la República @MelaraRaul le pedimos tome cartas en el asunto en este caso en donde a todas luces se ha negociado con vidas de salvadoreños. Estos casos no pueden quedar en la IMPUNIDAD, y

deberíamos exigir los salvadoreños honrados la renuncia de Norman Quijano”.

Esta no es la primera vez que se involucra a miembros del partido de derecha en reuniones con estructuras criminales, en 2016 se hizo público un vídeo en el que aparecían Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador, y el exedil de Ilopango, Salvador Ruano, junto a cabecillas de la MS-13.

Ruano también fue señalado de beneficiar a estos grupos del crimen organizado mientras fungía como edil.

En el mismo sentido, Elías Hernández, exjefe edilicio del municipio de Apopa, fue condenado en 2018 a 12 años de cárcel por emplear a pandilleros del Barrio 18.

En el caso de Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) demostró que el exedil favoreció a la pandilla 18 con plazas, combustible, líneas telefónicas y mandaba a reparar vehículos con fondos de la municipalidad.

Elías Hernández fue capturado el 5 de junio de 2016 y la Fiscalía lo acusó de haber pactado con pandillas a cambio de votar por él en las últimas elecciones.

https://www.diariocolatino.com/bukele-pide-a-quijano-que-renuncie-por-supuestas-vinculaciones-con-pandillas/

4-Exigen al Gobierno políticas que reduzcan el déficit habitacional

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), exigió al Gobierno del presidente Nayib Bukele generar políticas que reduzcan el déficit habitacional en El Salvador.

Ante el desalojo de 20 familias en la Isla Tasajera, ordenadas por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, FESPAD condenó esta acción, puesto que  atenta contra los derechos desarrollados en la Observación General N° 7 del Comité DESC, el cual prohíbe los desalojos forzados.

Por lo cual, exigen al Órgano Ejecutivo generar planes y políticas para reducir el déficit habitacional y cesen los desalojos de familias completas que tienen años de residir en los terrenos que habitan.

El coordinador  del programa de Derechos Económicos, sociales y culturales de FESPAD, Omar Flores, expresó que los desalojos “son procesos difíciles y situaciones que no abonan a generar climas en la ciudadanía de estabilidad y propician zozobra en estas familias, que no cuentan hoy con la situación regular de la vivienda donde habitan”.

Manifestó que los niveles del déficit habitacional son elevados y “para ello necesitamos como país crear políticas públicas, que permitan solucionar la difícil situación de miles de familias que no cuentan con una vivienda, en este derecho hay grandes deudas del Estado en general y de instituciones en particular”, agregó.

Mencionó que los desalojos son consecuencia porque el Órgano Ejecutivo no cuenta con un Plan o Política Pública en el marco del derecho de la vivienda adecuada, ni cuenta con procesos de participación ciudadana y consulta pública para la construcción de esas políticas públicas.

Asimismo, la Asamblea Legislativa no ha regulado la normativa que garantice el derecho a una vivienda digna, adecuada en el hábitat, “por el contrario, ha creado una normativa que atenta contra dicho derecho, uno de ellos es Decreto 23, de 2009 en donde propicia que se realicen desalojos forzados, que están a la orden del día y pueden desarrollarse en cualquier lugar, como el desalojo que se hizo en la Isla Tasajera”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a organizarse para exigir su derecho a vivir en una vivienda digna.

FESPAD exhortó al sistema de justicia a promover procesos resguardando los derechos y garantías fundamentales, como el debido proceso, derecho de defensa y audiencia en los casos de desalojos.

https://www.verdaddigital.com/exigen-al-gobierno-politicas-que-reduzcan-el-deficit-habitacional/

5-Presidente Bukele pide renuncia de Norman Quijano

El presidente Nayib Bukele exigió este viernes la renuncia del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, después que un testigo criteriado aseguró que diputado de Arena ofreció un millón de dólares a las pandillas para ganar la presidencia en 2014.

Bukele pidió a la Fiscalía General procese de inmediato a Quijano por la presunta compra de votos a las pandillas en las presidenciales de 2014.

“Negociaron con la sangre del pueblo. Hay pruebas de que financiaron actos terroristas. Lo menos que podemos exigir es la renuncia de Norman Quijano y que el Fiscal General, Raúl Melara, procese a los involucrados por violación a la Ley Antiterrorista”, exigió el gobernante en sus redes sociales.

Un testigo que se acogió a la figura jurídica de “criteriado” para incriminar a sus compinches de la Fiscalía en un juicio -denoninado operación Cuscatlán- que enfrentan 426 supuestos pandilleros y testaferros, aseguró que Quijano se reunió con representantes de las dos principales pandillas les ofreció la millonaria cantidad.

El debido proceso, al que tienen derecho todos los salvadoreños, garantiza la presunción de inocencia, y es llamativo que el presidente del país crea que basta con que un pendillero denuncie a un diputado para “exigir” al Fiscal inicie un proceso de desafuero, sabiendo que no lo conseguirá pues los votos de Arena lo impedirían.

El presidente menciona hallazgos, pero no se muestran todavía. ¿Quien los conoce, la Fiscalía, el Juez, el Presidente?

Y si no se presentan las pruebas que menciona el titular del Ejecutivo, entonces es válido preguntarse si la acusación es seria, si el Presidente se apresuró o sólo se trata de un acto mediático.

Debe esperarse a conocer los supuestos hallazgos para que el Congreso evalúe un proceso de desafuero.

https://www.verdaddigital.com/presidente-bukele-pide-renuncia-de-norman-quijano/

6-Defensoría del Consumidor encuentra más de 10 mil productos vencidos

La Defensoría del Consumidor (DC), realizó inspecciones en restaurantes, supermercados, tiendas y hoteles, para verificar fecha de vencimiento en alimentos y bebidas: encontraron 10 mil productos vencidos.

La DC informó los resultados del plan de inspecciones a proveedores que comercializan alimentos y bebidas, como restaurantes, tiendas mayoristas, supermercados, tiendas de conveniencia, hoteles y centros recreativos. Esta verificación se realizó en el período de junio a septiembre del 2019 ejecutando un total 1,129 inspecciones.

Entre los principales productos alimenticios vencidos se cuantifican 2,185 bebidas en polvo, 2,015 sabrosadores y especies, 787 galletas y golosinas, 677 productos de harina, 621 boquitas, 502 panadería, 453 bebidas carbonatadas, 437 aceites y margarinas, 425 sopas deshidratadas, 420 bebidas no carbonatadas, 420 pastas, 261 carnes y embutidos, entre otros.

De los 406 hallazgos de incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, el 64.04% (260) pertenece a la venta de producto vencido (infracción muy grave [art. 14  y art. 44 literal a) de la LPC], que puede ser sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria (art. 47).

Ante esta situación, los equipos de inspección de la Defensoría del Consumidor, tomaron medidas cautelares para evitar la venta de 10,838 productos vencidos y proteger la salud y economía de los consumidores, conforme al art. 50, literal a) de la Ley de Protección al Consumidor.

La Defensoría del Consumidor expresó su firme compromiso de mantener el monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las buenas prácticas empresariales, respetuosas de los derechos de los consumidores; y anima a la población a hacer uso de los mecanismos de denuncia ciudadana a través del whatsApp 7860-9704 y el teléfono 910.

https://www.verdaddigital.com/defensoria-del-consumidor-encuentra-mas-de-10-mil-productos-vencidos/

7-UES realiza examen de admisión para nuevo ingreso

20,162 estudiantes de educación media se sometieron a la prueba de admisión que realiza la Universidad de El Salvador (UES), para aspirantes a ingresar al centro de estudios superiores en 2020.

Las doce facultades de la UES examinaron este sábado 12 de octubre, los conocimientos generales de 20,162 aspirantes, de los cuales 17,912 pertenecen a la modalidad presencial y 2,250 para la modalidad en línea.

De acuerdo con la Unidad de Ingreso Universitario (UIU), la cantidad de mujeres que realizaron la prueba este año fueron 11,361; mientras que fueron 8,801 hombres aspirantes. Las carreras que tienen mayor demanda son “las carreras de doctorado en Medicina, y las licenciatura en Periodismo e Idiomas (respectivamente)”.

La prueba de aspirantes a nuevo ingreso se realiza en las 4 sedes a nivel nacional que hay de la UES.

https://www.verdaddigital.com/ues-realiza-examen-de-admision-para-nuevo-ingreso/

8-Relator de CIDH preocupado por posibles verificaciones selectivas a medios salvadoreños

El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó preocupación ante la denuncia realizada por la Mesa de Protección a Periodistas respecto a la “selectividad” del Ministerio de Trabajo en las inspecciones que realiza en medios de comunicación de El Salvador.

Esto, ante las recientes verificaciones posiblemente “sesgadas” y cierres de empresas de “forma arbitraria” por parte del Ministerio de Trabajo (Mitrab) que, a solicitud de la APES, procedió a verificar el cumplimiento de leyes laborales por despidos masivos en grandes medios de comunicación y hasta medios Estatales.

Sin embargo, el Mitrab sólo acudió a medios “pequeños” con una línea editorial diferente como Canal Gentevé, Radio Maya Visión y, recientemente, Diario Co Latino. A esto se suman ataques y censura desde la presidencia de la República hacia revistas especializadas como El Faro y Factum. “Preocupante denuncia sobre inspecciones de organismos laborales y fiscales que podrían ser selectivas en El Salvador”, dijo Lanza en redes sociales.

Asimismo, recalcó que la misma situación ocurre en otros países. “Hemos visto en otros países retaliaciones (represalias) indirectas contra la prensa. Esperemos que no sea el caso”, acotó.

Más apoyo

También, este viernes, la Mesa de Protección a Periodistas, Personas Comunicadoras y Trabajadoras de la Información presentó un comunicado para denunciar que el Ministerio de Trabajo ha sido “selectivo” en los procesos de inspección que, en las últimas semanas, ha llevado a cabo y pidió que en estas se respete el debido proceso y solicitó se presenten documentos para conocer todos lo medios visitados.

Además, detallaron que en una reunión sostenida entre representantes de la Mesa y el ministro Rolando Castro, el pasado 11 de septiembre, solicitaron al funcionario realizar una inspección a todos los medios de comunicación, “luego de que el centro de monitoreo de atención a periodistas y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registrara un aumento de la precarización laboral”.

A pesar de esto, aclararon que “las inspecciones que se visibilizan en redes sociales y que incluso son retomadas en la cuenta de Twitter del presidente, Nayib Bukele, son en su mayoría medios digitales o medios afines a la izquierda pero no otros medios de comunicación, en particular los que han realizado despidos masivos”.

La presidenta de APES, Angélica Cárcamo, consideró que una acción legítima sobre garantizar derechos laborales a periodistas terminó con fines políticos. “Por cierto, presidente Nayib Bukele, como funcionario sí puede apoyar a Diario Co Latino con distribuir equitativamente pauta”, comentó luego de que el mandatario ofreciera un donativo familiar a este rotativo.

Según datos de la APES, entre los meses de junio y septiembre de 2019 se registran más de 80 afectaciones laborales a periodistas y comunicadores. Entre estas, despidos injustificados y masivos en medios como Canal Gentevé, Grupo Megavisión, Grupo Dutriz, Radio Maya Visión, Red Salvadoreña de Medios, Diario El Mundo y el extinto sitio web Transparencia Activa.

https://www.diariocolatino.com/relator-de-cidh-preocupado-por-posibles-verificaciones-selectivas-a-medios-salvadorenos/

9-Residentes del Barrio San Esteban exigen a alcaldía capitalina retirar antena telefónica

 “No queremos antena de la muerte, comunidad organizada Barrio San Esteban” es la consigna de las familias que desde el pasado 26 de agosto, se mantienen en protesta por la instalación de una antena que amenaza la salud de las familias de esta zona del centro histórico de San Salvador.

La protesta se inició a partir de la instalación a mediados de agosto de este año de una antena telefónica, entre la 4ª calle Oriente y 18ª avenida Sur, del Barrio San Esteban, distrito Centro Histórico, por parte de la empresa TESCO S.A. de C.V. “Exigimos al señor alcalde que sea retirada”, expresó Silvia Virginia Juárez, residente del lugar.

Las mujeres, hombres y niños mantienen presencia permanente en el lugar y esperan que las autoridades municipales den respuesta a su petición, ya que consideran que no se han cumplido los procesos legales correspondientes para instalar la antena y el acuerdo solo se llevó a cabo entre el propietario del inmueble, donde se ubica la misma, y la empresa.

Los afectados denunciaron también que en el marco de su protesta reciben amenazas de algunos vecinos, e incluso la noche del 5 de octubre se presentaron en la zona vehículos con personal de la alcaldía de San Salvador, del distrito seis de la municipalidad, que habrían llegado a amedrentarles por la protesta, poniendo afiches y panfletos políticos. “Desde ya responsabilizamos al alcalde y a la alcaldía, si nos pasa algo. Aquí estamos de forma pacífica y solo estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos”, afirmó Virginia Juárez.

Los afectados dicen que ya acudieron a todas las instancias como: alcaldía de San Salvador, a la empresa misma, al Ministerio de Medio Ambiente, a Información Ciudadana y a la Asamblea Legislativa, en esta última presentaron una pieza de correspondencia para que se llame al alcalde e informe sobre el caso. “Aquí solo los diputados del FMLN y la diputada Nidia Díaz nos han dado atención. Esto no es político, estamos luchando por nuestra salud y por la gente del barrio”, afirmó Laura Molina, otra de las residentes del lugar.

Las comunidades y colonias de esta localidad reiteran que no hay permisos y la empresa ni la alcaldía hicieron nunca las consultas ciudadanas ni tramitaron los permisos correspondientes ante el Ministerio de Medio Ambiente. “Aquí a nadie se le consultó”, denunció Molina.

Los afectados mantendrán la protesta y aseguran que continuarán buscando una solución legal a esta problemática; no descartan acciones de hecho para lograr que las autoridades den respuesta a esta situación, que pone en riesgo la salud de las familias de las comunidades del Barrio San Esteban y zonas aledañas.

https://www.diariocolatino.com/residentes-del-barrio-san-esteban-exigen-a-alcaldia-capitalina-retirar-antena-telefonica/

10-Modifican nombre de comisión que investigará acusaciones de director de Reconstrucción del Tejido Social

Teniendo en cuenta que el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa determina que la función de una comisión especial es investigar asuntos de interés nacional y no personas, la Asamblea Legislativa avaló el cambio de nombre de la Comisión Especial para investigar las acusaciones vertidas por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

El funcionario afirmó en un programa televisivo que el alza de homicidios registrado el pasado 20 de septiembre de este año era responsabilidad de los partidos ARENA y FMLN, por lo que fue convocado a la instancia legislativa para brindar explicaciones, las cuales se negó a ofrecer.

Por lo anterior, los diputados decidieron modificar el nombre, partiendo de que si bien lo que le dio origen a la instancia fueron las declaraciones del funcionario, estas solo son una pequeña parte de la problemática a investigar, por lo que el nombre debe ser adecuado para establecer los límites de la misma.

“Queremos solicitar que se asigne el siguiente nombre: Comisión Especial para investigar los hechos señalados por el director de Reconstrucción del Tejido Social en contra de dos partidos políticos legalmente constituidos, al determinar que son responsables del alza de los homicidios del 20 de septiembre 2019, así como sus repercusiones en otras áreas que competen a la seguridad pública”, reza el dictamen.

Para continuar con la investigación respecto a las acusaciones vertidas por Marroquín, los legisladores solicitarán información al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y a las entidades responsables de velar por la seguridad en el país, como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil, entre otros, a fin de indagar el por qué de dicha situación.

Los representantes de los grupos parlamentarios que integran esta comisión coincidieron en que es oportuno invitar a todos los que estén relacionados con el tema de seguridad pública; también acordaron que cuando la información que se presente sea “muy delicada”, las reuniones serán privadas.

https://www.diariocolatino.com/modifican-nombre-de-comision-que-investigara-acusaciones-de-director-de-reconstruccion-del-tejido-social/

11-Abogados de Vanda Pignato señalan ilegalidades en arresto domiciliario

Los abogados defensores de Vanda Pignato, exsecretaria de Inclusión Social quien sigue un proceso judicial por presunto lavado de dinero, interpusieron ayer un recurso de Hábeas Corpus por medio del cual solicitaron se declare ilegal el arresto domiciliario impuesto a la exfuncionaria desde septiembre de 2018.

Los abogados Pedro Cruz y Marvin Flores argumentaron que el Juzgado Séptimo de Instrucción ha otorgado a la Fiscalía General de la República un nuevo plazo para ejecutar las investigaciones. El periodo de instrucción, indicaron los juristas, finalizó el 7 de agosto pasado y el juez de instrucción habría ampliado dicho periodo hasta febrero de 2020.

El plazo de instrucción que dicta la ley es de seis meses como máximo prorrogables una sola vez, por lo que consideraron los abogados que al haber finalizado dicha prórroga en agosto, la decisión del juez Miguel es arbitraria.

“Ella (Pignato) esta siendo sometida a un proceso de investigación fuera de los parámetros y plazos que establece la ley, en consecuencia el arresto domiciliario que tiene impuesto en este momento es ilegal”, manifestó el abogado Pedro Cruz, quien calificó como “inusual e inaudito” que el plazo de instrucción del caso llegue a ser de un año y medio al finalizar la nueva prórroga.

Cruz acusó a la fiscalía de querer mantener en la opinión pública la vinculación de Pignato con el caso “Saqueo Público”, “la fiscalía lleva tres años o más investigando el caso y no ha podido fundamentar una acusación, por lo que al incumplirse los plazos procesales la Sala debería determinar que su detención es ilegal, y por lo tanto declarar su libertad”.

El abogado Marvin Flores enfatizó que no existen pruebas en contra de Pignato, por lo que las peticiones de la fiscalía de solicitar nuevos plazos para investigar carecen de fundamento, y dijo que hasta la fecha no tienen fijada fecha para realizar la audiencia preliminar, lo cual el juez de instrucción debía establecer en un plazo no mayor a diez días desde que el 14 de agosto anterior la fiscalía presentara el dictamen de acusación.

El Ministerio Público presentó la acusación en contra de Vanda Pignato el pasado 14 de agosto, junto a otros 31 imputados en delitos de supuesto lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria contribuyó a lavar dinero por un monto de 165,000 dólares.

En julio pasado los abogados de Pignato aseguraron que las acusaciones contra la exfuncionaria vulneraban sus derechos, puesto que aún no se contaba con pruebas de su supuesta participación en los ilícitos.

https://www.diariocolatino.com/abogados-de-vanda-pignato-senalan-ilegalidades-en-arresto-domiciliario/

12-Familia de Manuela podrá obtener justicia y reparación en Corte IDH

 “Manuela” de 31 años, vivía en una zona rural de El Salvador; para ir a un hospital tenía que viajar más de cinco kilómetros. En el 2010, ella sufrió una fuerte caída que le ocasionó un dolor abdominal; fue al baño, sintió que expulsaba algo y se desmayó. Al despertar estaba en un hospital donde el médico la denunció por aborto, y aún sin recuperarse, fue esposada y custodiada por la Policía Nacional Civil (PNC). Tras su recuperación fue procesada y condenada a treinta años de prisión por el delito de homicidio agravado, dos años después, por falta de atención médica murió de cáncer.

El caso quedó en la impunidad en El Salvador, por lo que el Centro de Derechos Reproductivos y su aliada local, Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador (Agrupación Ciudadana), interpusieron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y tras ocho años de estudio decidió, esta semana, enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Agrupación Ciudadana emitió un comunicado en el que estableció que el caso de Manuela representa los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador, debido a la prohibición total del aborto, una de las leyes más restrictivas en el mundo.

“Durante casi veinte años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias –incluso, cuando es necesario para salvar la vida de la mujer-, imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud que busca y provee, respectivamente, un servicio de salud reproductiva. Esta penalización ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, partos extra hospitalarios, entre otras, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio”, dicta el escrito.

Por lo que, a su juicio, la llegada de este caso a la Corte IDH permitirá crear estándares que todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir, para garantizar el derecho a la vida, integridad y salud de las mujeres, incluyendo a las mujeres privadas de su libertad.

También permitirá establecer precedentes para que investigaciones y juicios contra mujeres se ajusten al debido proceso y a las garantías judiciales, para que los y las operadoras de salud respeten y garanticen el secreto profesional, y para que El Salvador asuma y cumpla con su responsabilidad internacional por no satisfacer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

Ante ello, Catalina Martínez Coral directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos dijo: “Tenemos esperanza de que la demanda de justicia que no hemos encontrado para Manuela, sus hijos y su familia en El Salvador, pueda encontrar respuesta favorable en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; que sus hijos puedan sentirse orgullosos de la imagen de su madre, que no fue una asesina, sino una víctima de violación de muchos de sus derechos”.

https://www.diariocolatino.com/familia-de-manuela-podra-obtener-justicia-y-reparacion-en-corte-idh/

13-CDHES rechaza construcción de Ley de Reconciliación sin participación de las víctimas

Como una maniobra para beneficiar a los victimarios de graves violaciones durante el conflicto armado calificaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y familiares de desaparecidos el anuncio de los diputados de
iniciar la construcción de un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional.

Para la CDHES lo dispuesto por los parlamentarios constituye la continuación de la impunidad que durante décadas se ha promovido en el país al ignorar a las víctimas y sus familiares violentando así su  derecho a la verdad, justicia y reparación.

Los representantes de la organización de derechos humanos llamaron a la Asamblea Legislativa a no continuar con la dinámica de negar el acceso a la verdad para miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos.

https://www.diariocolatino.com/cdhes-rechaza-construccion-de-ley-de-reconciliacion-sin-participacion-de-las-victimas/

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