El Salvador: Consolidación del gobierno autoritario en tiempos de pandemia

El Salvador: Consolidación del gobierno autoritario en tiempos de pandemia

El actual gobierno de El Salvador es el que más ha marchado hacia el autoritarismo desde que los Acuerdos de Paz pusieron fin a las dictaduras militares (1992). Desde su asunción a la presidencia, 1 de junio de 2019, Nayib Bukele ha venido consolidando un poder autoritario. Inició persiguiendo políticamente a empleados públicos, familiares de miembros del FMLN. Su cenit fue el 9 de febrero pasado cuando el Presidente llamó a una insurrección contra la Asamblea Legislativa; la militarizó y, sentado en la silla del presidente del parlamento, proclamó: “Está claro quién tiene el control aquí”. Para Bukele, la pandemia COVID19 ha sido ideal para seguir consolidando su poder en contra de organizaciones sociales, otros partidos políticos y otros órganos de Estado.

Las dictaduras militares eran el sello del modelo político económico del Siglo XX en Centroamérica. En un siglo conmovido por las primeras revoluciones socialistas en el planeta, la dictadura militar era la manera más eficaz para garantizar la estabilidad necesaria en la región para el desarrollo del capitalismo dependiente. En El Salvador, el período histórico desde 1931 a 1992 se vivió bajo la sombra de dictaduras militares.

Por esto, muchos consideran que el valor máximo de los acuerdos de paz no fue la finalización del conflicto armado, sino la desaparición de las dictaduras militares. 27 años después, la gestión presidencial de Nayib Bukele pone en duda el cierre definitivo de esta etapa.

Bukele entró a la presidencia con un importante respaldo electoral. Ganó las elecciones de febrero de 2019 con un 53% del voto, evitando así una segunda ronda electoral. El presidente tomó ese respaldo como un cheque en blanco para actuar a su antojo, ignorando no solo protocolos y procedimientos sino también leyes y hasta la Constitución de la República.

Sus primeras medidas incluyeron el despido, sin garantías procesales, de trabajadores públicos vinculados por lazos familiares o por militancia, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En algunos casos fueron empleados que ostentaban el mismo apellido de algún dirigente del FMLN, pero no tenía ninguna relación de parentesco y otros eran familiares que trabajaban en estas instancias años antes de que el FMLN entrara al gobierno. Estos despidos se daban a conocer por medio de tuits dirigidos a sus ministros que iniciaban “Ordénese” y terminaban con la orden de despido de un empleado público u otro. Se procedía sin evaluaciones de desempeño ni respeto a los contratos. 400 empleados públicos denunciaban las violaciones laborales y antes de que la Corte pudiera reaccionar, Bukele les advirtió que no debían interferir con las decisiones del Ejecutivo.

Poco después vino la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador – CICIES. Una CICIES, similar a la CICIG que se montó en Guatemala y que jugó un papel en la denuncia y persecución de actos de corrupción estatal. Parecía difícil de instalar la CICIES, puesto que no había una correlación favorable en la Asamblea Legislativa, quien tendría que avalar un convenio internacional y otorgar a esa instancia facultades de órganos estatales salvadoreños. Bukele pactó con la Organización de Estados Americanos -OEA-, en vez de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, mostrando a donde se dirigía su lealtad política y resolvió con un Decreto Ejecutivo que le permitió esquivar a la Asamblea Legislativa. Utilizar el recurso del Decreto Ejecutivo se ha hecho hábito para Bukele en su afán de control antidemocrático que le permita concentrar decisiones en su persona, pues no se perfilan otras figuras en el Ejecutivo que dialoguen con él, tomen sus propias decisiones o participen en decisiones colectivas.

Antes de cumplir sus primeros 100 días en la presidencia, Bukele ganó el descontento de los medios alternativos de prensa y aún de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). “Estamos viendo levemente un retroceso del trato con la prensa (…) comparados a gobiernos anteriores, donde sí había ciertas diferencias, pero nunca habíamos tenido restricciones a coberturas periodísticas o esta estigmatización, o linchamientos incluso, hacia medios críticos.”[1]

Atentó de distintas maneras contra las organizaciones del movimiento social y los sectores sociales que éstos representan. Eliminó el Programa de Agricultura Familiar, que fue una bandera importante para el sector campesino y negoció con Bayer Centroamérica su reingreso al mercado salvadoreño, a costa de los avances de la agricultura orgánica. Dio la espalda a los gremios magisteriales vetando un acuerdo legislativo a favor de la compensación económica de maestros pensionados para facilitar su retiro; hizo caso omiso a la obligatoria revisión trianual del salario mínimo y militarizó el local del Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social Salvadoreño -STISS- después de haber realizado un recambio ilegal de su junta directiva dado que aún no había concluido el período de la directiva legitima.

9 de febrero: Parteaguas con la fachada democrática

Llegó el 9 de febrero del 2020 y por primera vez en mucho tiempo, Bukele se encontraba a la defensiva por una crisis en el suministro de agua que habían profundizado sus funcionarios por malos manejos en una gestión hídrica al borde del colapso desde 2006. En vez de atender al problema, el Presidente cambió la agenda. Emplazó a la Asamblea Legislativa para que le aprobara un tercer préstamo de 109 millones de dólares que financiarían la tercera fase de su Plan de Control Territorial; lo hizo a pesar de no haber gestionado los fondos ya autorizados para la segunda fase ni presentar la información necesaria que justificara una nueva aprobación.

El 6 de febrero, Bukele notificó a las y los diputados, a través de su Consejo de Ministros, que estaban convocados a una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero “por asuntos de interés nacional”, haciendo uso de un artículo de la Constitución que permite que el Ejecutivo convoque a la Asamblea Legislativa en casos de catástrofes o guerras. Mañana, tarde y noche enviaba tuits para publicitar que era obligatoria su asistencia mientras que las y los diputados decidían qué hacer, puesto que la aprobación del préstamo no era una emergencia nacional y la forma de azuzar los ánimos de la población en su contra era ya conocida. El día 7, en un acto ilegal e ilegítimo, los policías que prestaban seguridad a los diputados fueron avisados por su superior que sus obligaciones quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Este nuevo aviso llegó doce horas después, al confirmar que la suspensión ilegal podía causar problemas graves a la institución policial. El mismo día, el Presidente amenazó a los diputados que, de no acatar la convocatoria, “el pueblo” estaba facultado constitucionalmente a insurreccionarse.

Una “insurrección” provocada desde un órgano del Estado contra otro no se llama “insurrección”. Su nombre real es “golpe de Estado”. Las insurrecciones nacen del pueblo y sus organizaciones, y el Ejecutivo suele ser su blanco, no su convocante. Pero el acompañamiento popular de tal insurrección el 9 de febrero no pasaba de 5,000 personas, en un país de 7 millones. A pesar del perifoneo del partido oficial Nuevas Ideas en los barrios y colonias y sus intentos de llenar los buses que habían contratado para movilizar a sus seguidores desde distintos municipios, la presencia principal frente a la Asamblea ese día fue de soldados, policías y francotiradores, no de la población.

Fue el ejército quien entró primero al Salón Azul con miembros de los antimotines policíacos, seguidos por el Presidente Bukele quien, sentado en la silla del Presidente de este órgano, dio apertura “formal” a la sesión. Anunció: “está claro quién tiene el control aquí”, rezó y salió, subió a una tarima que había montado fuera de la Asamblea Legislativa, les contó a sus seguidores que “Dios me dijo, paciencia” y les convocó nuevamente para el siguiente domingo.

¿Cuál respaldo?

Según el discurso del Presidente, el respaldo popular es lo que le permite actuar a espaldas de los otros órganos del Estado, en contra de los medios comunitarios y a espaldas de los otros partidos políticos y directamente en contra del FMLN y su militancia. Se ufana de que su partido, Nuevas Ideas, recolectó 200,000 firmas para presentarse como partido político frente al Tribunal Supremo Electoral, una cantidad que supera por leguas a las afiliaciones de los otros partidos. Su popularidad se registra en una y otra encuesta como un verdadero actor de la farándula.

Sin embargo, los respaldos históricos para un gobierno de este tipo son otros. Un gobierno que se arriesga tanto, violando repetidamente la legalidad, solo lo puede hacer con el apoyo de las fuerzas armadas y de la Embajada de los Estados Unidos. Y Bukele cuenta con ambos.

Respaldo número 1: Estados Unidos

Bukele tiene una larga relación con los Estados Unidos y su estructura de poder político-económico, a tal grado que la primera estructura propuesta para su partido Nuevas Ideas tenía un mando y jerarquía dentro de ese país y otro en El Salvador. Por esto, su aparición en el país del norte poco después de ganar la presidencia no fue sorpresiva para nadie, aunque sus pasos y palabras ahí sí impactaron. Su primer discurso político, después de su gane electoral en febrero del 2019, fue pronunciado en la Heritage Foundation, institución representativa de las fuerzas más conservadoras de ese país. En todos los temas abordados, coincidió con la Casa Blanca. Dijo que “tenemos que cambiar la forma en que pensamos sobre la inmigración. Siempre culpamos a otros, pero la realidad es que es nuestra culpa”, “nos gustan cosas como la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad de expresión y la democracia”. Cuando habló de la necesidad de “dar” y no solo “recibir”, todos los presentes en la Fundación entendieron esto como una referencia a una política exterior a la imagen y semejanza de Estados Unidos, de confrontación, ruptura y agresiones a países como Venezuela, Nicaragua o China.[2] Por esto, cuando Bukele volvió de su primera reunión con Trump, no sorprendió a nadie con su expresión que (Trump) es un “president very nice and cool”. Trump correspondió, “vamos a trabajar muy bien juntos” y quedó claro que el respaldo más importante del gobierno estaba colocado.

A pesar de algunas admoniciones del país del norte por el actuar de Bukele el 9 de febrero, no hubo nada que implicara el retiro de este respaldo. Las pocas voces contrarias en el Congreso de ese país, así como la de la exembajadora Mari Carmen Aponte (durante la administración de Obama), no hicieron mella. Inmediatamente después del golpe de Estado frustrado del 9F, Aponte condenó el “brutal uso de fuerza” y habló de la carta democrática de la OEA pero, obviamente reprochada durante el día, cambio su tono vespertino para felicitar a Luis Almagro y calificar la decisión de Bukele como “un poco rápido, un poco negativo”.[3] Está claro que ahí manda Trump.

Respaldo número 2: Fuerzas Armadas

El siglo XX fue testigo de seis golpes de Estado en El Salvador, todos ellos respaldados por los Estados Unidos y ejecutados por coroneles y generales salvadoreños. Por esto, cualquiera entiende que, sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, ningún mandatario se arriesga.

El día antes del autogolpe frustrado, el país entero confirmó que este respaldo ya estaba firme. El Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, habló por la Fuerza Armada: “Reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas.”[4] Hizo a un lado el mandato constitucional del carácter “no deliberante” del ejército y cumplió a cabalidad las ordenes presidenciales el día siguiente. Merino no dejó duda que, entre el respeto a la Constitución y el respeto a Bukele, su lealtad principal era para su jefe inmediato.

Cuando Bukele juramentó a Merino Monroy como Ministro, fue una sorpresa para todos ver a un hombre proveniente de la naval, con un grado que no pasaba de “capitán de navío”, dirigiendo las Fuerzas Armadas. Juramentó a los militares exhortándoles a luchar contra “enemigos externos e internos”, utilizando un lenguaje que rememoraba la guerra contrainsurgente, puesto que se supone que no existen “enemigos internos” en el país, ni siquiera enemigos externos en este momento. Merino Monroy se graduó del U.S. Naval War College y pronto se rumoreó que él era carta del Pentágono para ocupar este puesto. Los dos respaldos de Bukele eran viejos amigos íntimos.

Merino Monroy fue citado por una interpelación de la Asamblea Legislativa por su involucramiento en los hechos del 9F. Cinco días antes de su cita, se decretó Estado de Emergencia y Estado de Excepción, por la incipiente entrada del COVID-19 en el país y todo lo sucedido fue tapado con la alfombra de una nueva crisis.

¿Estado de emergencia o estado de excepción?

En casi todos los países del mundo se han establecido estados de emergencia los cuales permiten implementar medidas sanitarias que reducen las posibilidades de contagio. Es una obligación de los Estados definir el marco legal para el combate sistemático de la amenaza sanitaria que representa el COVID-19. Pero el Estado de Excepción regula la suspensión de una serie de garantías constitucionales que, en el marco de los hechos que el Presidente Bukele venía generando, provocó desconfianza en sectores obreros, académicos, políticos y del movimiento social en general.

El sábado 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó unánimemente un Decreto de Emergencia que mandató a todas las instituciones del Estado a trabajar para contener la epidemia, al mismo tiempo que abrió la puerta para su financiación. Estableció la restricción de la circulación de personas consideradas posibles portadoras del virus, en su ingreso y dentro del territorio y el no despido de aquellas personas que fueran llevadas a los centros de cuarentena.

Pero Bukele pedía más y logró negociar con los partidos de derecha para conseguirlo. La misma noche, y faltando solo los votos del FMLN y un diputado más, el estado de excepción fue aprobado. Fue necesario disfrazarlo con otro nombre para que se le pudiera aprobar con trámite de ley y no con trámite de estado de excepción que requiere más votos. La “Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19” daba un permiso al gobierno para suspender tres garantías constitucionales: la libre reunión pacífica entre personas, el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio y el libre tránsito. Al mes, el presidente pidió una prórroga, la Asamblea Legislativa lo negó. Al día siguiente, el Ministerio de Salud publicó un decreto ejecutivo con más restricciones y limitaciones de derechos que la misma ley negada. Mantenía las suspensiones dictadas en la ley anterior. Definió la cuarentena en casa de carácter obligatorio y dictó que quién lo infringía sería llevado a un centro de contención mientras su vehículo sería temporalmente decomisado para un control sanitario. Suspendió otro derecho constitucional al mandatar que todos los salvadoreños estarían obligados a permitir que personal de Salud podría entrar a sus viviendas.

Centros de detención o centros de contagio

El Director de la Policía sentenció: “Les pedimos que colaboren o tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo de contagiarse con el virus”. Con esto, la población entendió lo evidente. Los centros de contención son hacinamientos, no cuentan con los requisitos básicos sanitarios y, según una investigación de la Universidad de El Salvador, el 70% de la población considera que son focos de contagio mientras que 59% cree que ahí se violan los derechos humanos[5]. Existen 89 centros de contención manejados por el Ministerio de Salud con un fuerte acompañamiento de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Al 7 de mayo han pasado por los centros 10,177 personas y actualmente se encuentran 3,702 “contenidas”, “retenidas” o “detenidas”. En los centro de contención se mezclan personas que han entrado al país desde que el COVID-19 comenzó a amenazar el territorio salvadoreño, personas con “nexos” de aquellas que han dado resultados positivos y personas que han sido detenidas por andar en la calle.

En los centros se han dado distintas protestas relacionadas al encierro y las deficitarias condiciones de alimentación e higiene. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en los centros más grandes, donde se ubican las personas de las zonas de escasos recursos, no hay acceso a agua a lo largo del día, comparten espacio con grupos de 200 personas y reciben una mascarilla nueva cada cuatro días.[6] La mayoría de protestas se han dado porque las personas han pasado largos días y semanas sin que les hagan la prueba del COVID-19, otras por traslados sin información para las familias y otras porque no les han dado los resultados de la prueba pasados los treinta días estipulados en el decreto de emergencia. Según el estudio de la UCA, este último grupo no vive una situación excepcional sino bastante común, el 35.7% sobrepasan los treinta días en los centros.[7]

¿Retención o detención?

En los primeros tres días de la emergencia, más de 500 personas fueron capturadas por estar en la calle sin justificación aceptable. Hasta la fecha son 2,394. Estos incluyen una mujer que esperaba que su hijo utilizara la letrina a dos metros de su casa, campesinos que han salido de su casa para comprar alimentos y una gran cantidad de vendedores que salen a ganar el pan de cada día. Originalmente, estos fueron llevados a bartolinas policiales, ya hacinadas con prisioneros comunes. En ese momento el Fiscal General dijo que éstos serían procesados penalmente, aunque, al ser cuestionado por la Asamblea Legislativa, cambió su discurso y las bartolinas dejaron de ser utilizadas para albergar a las personas detenidas por violar la cuarentena. De aquí en adelante, todos serían llevados a Centros de Contención administrados por el Ministerio de Salud.

Javier Argueta, asesor jurídico del Presidente fue más allá con sus leguleyadas y trucos lingüísticos, explicando que “no hay detenciones”, el mismo procedimiento fue bautizado como “retención”. Claro, esto dista de la definición legal de una retención que es una paralización momentánea de la persona sin privación de libertad.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos registró al menos 471 denuncias de violaciones relacionados con el manejo de la cuarentena. El caso más grave era de un joven baleado por un policía por no aceptar la oferta de sobornarle a cambio de no enviarle a un centro de contención. La mayoría tiene que ver con distintas manifestaciones de abuso de autoridad y detenciones ilegales.

Para la Corte Suprema de Justicia la acción militar o policial de parar a las personas en la calle y mandarlas a un centro de contención se llama detención y es inconstitucional. También resolvió que el gobierno no estaba autorizado para decomisar vehículos. Al principio, Bukele se hizo de la vista gorda pero finalmente atacó: “La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas”. Pero la Sala de lo Constitucional explicó que sus sentencias “no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se tratan de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”. Y ahí Bukele arremetió contra la Sala: “No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera… Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir.” Los medios masivos lo plantearon como el segundo choque dentro del Estado del 2020. El primero, es entre el Presidente y la Asamblea Legislativa; el segundo, es entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia.

Otras voces en contra

A lo largo de la emergencia, Bukele ha acumulado detractores y enemistades nacionales e internacionales por estas situaciones y por su incapacidad de escuchar las críticas que le hacen. A nivel nacional, la mayoría de los organismos de derechos humanos como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -IDHUCA-, Tutela Legal y CRISTOSAL, han levantado sus voces en contra de las violaciones de derechos humanos que se han dado en el marco de la emergencia. La respuesta de Bukele fue que “hay algunas organizaciones de ‘derechos humanos’ que solo trabajan para lograr que mueran más humanos”. El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, ha criticado las detenciones ilegales por violación de cuarentena así como el desacato a las resoluciones de la Corte; en el mismo período protestó por la autorización presidencial del uso de “fuerza letal” contra las pandillas y por el trato inhumano en los penales que, además, reñía con los protocolos de distanciamiento social. Esto se dio durante un repunte en el alza de homicidios que duró cuatro días a finales de abril y cuyas posibles razones de ser generan las más diversas y oscuras especulaciones sobre la actuación gubernamental en relación a estos grupos ilegales. La respuesta presidencial fue acusar al Procurador Tobar de ser “defensor de criminales”.

A nivel internacional, Bukele ha sido duramente criticado por las mismas acciones por distintos organismos como Human Rights Watch, Amnesty Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la prensa internacional ha ganado calificativos como “autoritario”, “autocrático” y “dictatorial”.

La víctima no es el Estado de derecho, es el pueblo salvadoreño

Para los medios masivos que lo denuncian, voces del poder económico y reproductores del pensamiento hegemónico, y también para la mayoría de ONGs internacionales y nacionales que protestan por este tema, el problema de fondo es preservar el Estado de derecho, el sistema de “pesos y contrapesos” que asegurarían un limpio ejercicio del poder político. Pero para el pueblo organizado, el problema es otro: es la consolidación de un poder que se utiliza en su contra.

El estado de derecho se basa en la separación de poderes, un principio del funcionamiento del Estado que, aunque tiene raíces más antiguas, es propio de la época de la Ilustración europea. Fue obra de un grupo avanzado de pensadores de la burguesía emergente en el Siglo XVIII y de un sector de la nobleza identificada con ellos. Su centro geográfico fue Francia y sus ideas pusieron en jaque los fundamentos filosóficos del feudalismo abriendo camino a la fundación del Estado burgués. Constituía un avance en tanto asistiera al entierro político del feudalismo y permitiera a la burguesía construir sus propias “reglas del juego”, tal como las habían tenido anteriormente los reyes y los señores feudales en sus monarquías absolutas.

264 después, estas reglas del juego se han vuelto tan incuestionables que parecen sostenerse en una fuerza tan “divina” como lo fue el “derecho divino” que los pensadores de la Ilustración derrotaron filosóficamente.

Pero los problemas del pueblo son otros. Tienen que ver con el sustento diario, cubrir las necesidades básicas de sus familias y con no convertirse en víctimas de la violencia que cobró 76 vidas en cuatro días durante la última semana de abril[8]. Rehúyen quedarse “en casa”, porque la mayoría son familias numerosas que conviven en pequeñísimos espacios techados de lámina vieja, donde ni siquiera llega el agua por tuberías. Son familias que viven “coyol quebrado, coyol comido”, temen ser detenidos y llevados a un centro de contención que son focos de infección y, en el caso de las mujeres, el alza en feminicidios y casos de violencia de género son exacerbados por el encierro familiar.

El poder Bukeleano a favor de la burguesía no hegemónica y la oligarquía

Iniciando el mes de mayo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), principal instrumento de lucha gremial de la oligarquía, entró a un proceso de negociación con el gobierno para poder reabrir sus empresas y remendar sus sufridas ganancias. La ANEP, y su representación política, ARENA, lograron sacar nuevos fondos para su reactivación económica a cambio de un cheque en blanco al gobierno para implementar una cuarentena todavía más restrictiva durante quince días prorrogables. La Asamblea Legislativa en pleno, exceptuando la fracción del FMLN y un diputado más, aprobó mil millones de dólares adicionales a los dos mil millones aprobadas en marzo, para montar un fidecomiso que serviría para financiar a la empresa privada, para devolverle impuestos a los exportadores y para cancelar a proveedores del sector privado al Estado. La inmensa mayoría de este lo absorberá la gran empresa por ser los que se manejan en estos campos. Solo un 10% del monto aprobado teóricamente será destinado al sector informal, el sector económico más popular y más afectado por la pandemia y las medidas gubernamentales.

A cambio de esto, el gobierno de Bukele recibió los mismos votos para aprobar una nueva ley de cuarentena que cumple con todas las características de un estado de excepción, otorgando al gobierno las facultades de establecer, a su criterio, causas adicionales de justificación para circulación, así como sus procedimientos de implementación. Designa al Ministerio de Salud como el ente coordinador de las acciones que caben dentro de la ley y enfatiza que éste puede delegarlas en otros Ministerios o Instituciones.

Aunque suena lógico que así se plantee, se entiende que el Ministerio por excelencia que “apoyará” a Salud será el de Defensa, puesto que así ha sido desde que la emergencia comenzó. Trae al recuerdo eventos recientes como el cordón sanitario establecido e implementado por el Ministerio de Defensa en la ciudad Puerto de La Libertad sin ningún caso confirmado. La medida duró 48 horas y contó con un fuerte dispositivo militar que costaba calificar como una actividad en pro de la salud. El uso de equipo y armamento de guerra, así como la insistencia que nadie podía salir de su casa por ningún motivo, provocaba especulaciones como que posiblemente el operativo buscaba otros propósitos típicos de los pueblos costeños como el ingreso de drogas u otros ilícitos.

Llamó la atención que la negociación con ARENA y otros partidos de derecha en la Asamblea Legislativa estaba a cargo del hermano del Presidente, Karim Bukele, una persona siempre presente en las idas y venidas del gobierno de Nayib Bukele, pero sin ningún cargo público.

¿Hasta cuándo?

El toque de queda en La Libertad, que según el gobierno tampoco se llamaba “toque de queda” aunque cumplía con todas sus características, fue seguido por el hashtag “#BukeleDictador” en las redes sociales y llegó a establecerse como tendencia. Impactó a tal grado que a nivel internacional, la imagen de Bukele como dictador ha sido retomado por medios de comunicación de derecha e izquierda en países como Argentina, Costa Rica, México, España y Estados Unidos.

La respuesta de Bukele fue una “contracampaña” en las redes sociales con el hashtag “#QueBonitaDictadura”, acompañadas por fotos de militares y policías ayudando a mujeres y ancianos en la calle. En vez de negar su identificación con el concepto “dictadura” que tanto daño ha hecho al país y los pueblos, la reafirmó.

Es innegable que Bukele mantiene un respaldo importante en grandes grupos de la población salvadoreña, eco del apoyo que tuvieron las dictaduras militares del pasado. Al final del siglo pasado fue común escuchar a ancianos añorar la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, autor de la masacre indígena campesina de 1932, porque ponía “orden” a la sociedad. La cultura del autoritarismo, con ribetes de sadismo político, construida cuidadosamente desde tiempos de la colonia y reforzada durante casi 200 años de vida republicana, es tierra fértil para las dictaduras, incluyendo la actual.

Pero también es innegable que la popularidad de Bukele se ha erosionado durante la emergencia. Ha perdido el apoyo de importantes aliados, ejemplo de esto son sectores de las capas medias que estaban dispuestos a darle una oportunidad, muchos de ellos votaron por él y otros le apoyaron directa o indirectamente en su campaña electoral. En la reciente encuesta de la UCA, que se realizó con personas que habían pasado por los centros de cuarentena, el gobierno recibió la nota de 5.5 por su gestión de la pandemia, la nota más baja recibida por el gobierno de Bukele desde su toma de posesión hace casi un año.

La respuesta a la pregunta, ¿Hasta cuándo? es obvia. La dictadura antipopular de Bukele se seguirá consolidando hasta que el pueblo salvadoreño lo pare. El colchón de apoyo que Bukele tiene para hacerlo, a nivel nacional e internacional, es grande, pero no suficiente. La historia del mundo está llena de lecciones de pueblos que reclaman su dignidad y la historia del pueblo salvadoreño no es la excepción. La pandemia ha sido una oportunidad para que Bukele consolide su poder autoritario, pero también es una buena oportunidad para que las fuerzas sociales populares se preparen para darle vuelta y crear nuevas condiciones de construcción de justicia y democracia.

[1] https://arpas.org.sv/2019/09/senalan-retrocesos-en-libertad-de-prensa-en-primeros-100-dias-del-gobierno-de-bukele/

[2] https://elfaro.net/es/201903/el_salvador/23117/Bukele-env%C3%ADa-una-carta-de-amor-al-gobierno-de-Trump.htm

[3] https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/exembajadora-mari-carmen-aponte-bukele-asamblea-legislativa-militarizacion/688754/2020/

[4] https://actualidad.rt.com/actualidad/342585-presidente-salvador-sesion-parlamento-militares

[5] Informe de resultados de la encuesta de opinión sobre: gestión de crisis durante la pandemia por la covid-19 en El Salvador hasta abril de 2020, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades y Red Interfacultades para la Investigación Social, 4 de mayo del 2020.

[6] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Sondeo de opinión sobre las medidas que las autoridades han tomado en los centros de contención en cuarentena durante la emergencia nacional por COVID-19, Universidad Centroamericana, mayo del 2020, p. 19-22.

[7] IUDOP, p.23.

[8]David, Marroquín, “Fiscalía y Policía registran un promedio de 19 homicidios diarios en El Salvador en cuatro días de cuarentena domiciliar”, El Diario de Hoy, 28 de abril del 2020

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