¿GOBIERNO MAS COOL O DICTADURA?

¿GOBIERNO MAS COOL O DICTADURA?

El presidente de El Salvador, que cumple dos años frente al gobierno, se autodenominó el presidente más “cool” del mundo. Es indudable que cuenta con un robusto apoyo de grandes sectores de la población salvadoreña. Pero es igualmente innegable que este apoyo se basa más en quimera que en hechos. Los hechos dicen otra cosa. Dicen que en el país se están violando los derechos económicos, sociales y políticos, Dicen que se está consolidando un Narcoestado. Dicen que la corrupción y la falta de transparencia vuelven a ser ley en El Salvador y dicen que el país está adquiriendo deuda que pronto pondrá en crisis la economía. Y en el fondo del escenario, Bukele va concentrando el poder del Estado, de manera ilegal e ilegítima, para mover los oscuros hilos que posibilitan al clan Bukele y sus allegados concentrar dinero y acrecentar su capital. Esto le ha ganado el reconocimiento de un importante sector del pueblo organizado y de la comunidad internacional como un autoritario y dictador en proceso de consolidación.

GOLPE DE ESTADO CONSUMADO

Al cumplirse dos años de gobierno, el presidente Nayib Bukele, consolidó su golpe de Estado, algo que intentó infructuosamente en febrero del 2020 pero logró hasta el 1º de mayo del 2021.  El 9 de febrero del año pasado, con la excusa de la pendiente aprobación de un préstamo para el ramo de seguridad, Bukele convocó ilegalmente a los diputados, militarizó el Salón Azul de la Asamblea, sentó en la silla del presidente de la Asamblea y declaró que ese día,  estaba  “muy claro quién tiene el control de la situación”. Sin embargo, ese día, poca gente había respondido a su convocatoria de una “insurrección” y la reacción de Ronald Johnson, entonces embajador de los EEUU fue negativa, por lo cual el golpe no se consumó.

Con una inversión millonaria en propagando de imagen, el presidente Bukele, difunde entre sus adeptos la mentira de que el gobierna con un 97% de aprobación. Dice que le han dado la llave para remover cualquier obstáculo que le impida “cumplir con el mandato popular”, el cual ganó con un discurso de condena a la clase política tradicional a la que fustigó por corrupta, incapaz y nepotista.

A dos años de su gobierno, nuestro país sigue sin tener un plan de gobierno. Ha dado un golpe de Estado, cerrando el único canal estatal donde la población podía denunciar el irrespeto de sus derechos fundamentales y esperar una posible reparación.

Con un discurso de odio contra los que califica como “los mismos de siempre”, los responsables de “los vicios del pasado”, Bukele deslegitima todos los sectores de la oposición. Manifiesta que es nada más una minoría del 3%. Para las elecciones legislativas desarrollados en febrero de este año, utilizó abundantes recursos públicos para distribuir dadivas entre los candidatos/as de su partido político y los partidos aliados. De esta manera, manipuló la voluntad popular y consiguió la mayoría calificada que ahora tiene.

LA DESAPARICIÓN FORZADA: SINTOMA DEL NARCOESTADO

Con una propaganda engañosa, durante las elecciones, el gobierno presentó cifras que registraban, más que una vez, cero homicidios en el día. Desde los no muy lejanos días de 10 homicidios cifras diarios, parecía un verdadero milagro a favor de la vida. Pero el milagro no se había concretizado; detrás de las cifras había manejos ocultos con el crimen organizado. Así lo afirmaban investigadores sociales del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP). Señalaban que las bajas en homicidios venían mano en mano con las desapariciones de personas, especialmente jóvenes de ambos sexos. Según lo denunciado por organizaciones de Derechos Humanos, estos casos han llegado a superar las cifras de homicidios. Son situaciones graves, que indican que el presidente Bukele, tiene un convenio con el crimen organizado, llámese “Pandillas” o Carteles de narco trafico como Sinaloa de México o el Cartel de Texistepeque salvadoreño, traficantes de droga, de personas y posiblemente “traficantes de órganos”.

La propaganda arrolladora del presidente no ha podido ocultar el macabro descubrimiento que, día a día, destapa la prensa. A pesar del control estricto de la información publica desde casa presidencial, rompieron la barrera del silencio y dieron a conocer la existencia de una vivienda convertida desde hace diez años en cementerio clandestino. Según el médico forense que trabajó en el reconocimiento dantesco de cadáveres, estos podrían sumar unas 45 víctimas asesinadas y enterradas impunemente. El victimario es un ex miembro de la Policía Nacional Civil, expulsado de esta institución hace una década por haber cometido crímenes contra la libertad sexual de una joven.  Al ser descubierto con 4 víctimas recién asesinadas, él confesó haber sido el autor de todo esto. Pero pronto la Fiscalía anunció que le darán el criterio de oportunidad –entiéndase beneficios en su proceso judicial- porque él era sencillamente una pieza que contribuyó a enterrar las víctimas, afirmación que contrastaba con su propio relato.  Hoy en día, después del golpe de Estado del 1º de mayo, la Fiscalía está bajo el mando del Rodolfo Delgado, ex asesor jurídico del presidente Bukele, con una larga trayectoria de trabajo en la Fiscalía. El nuevo Fiscal General de la República es cuestionado en casos de trascendencia nacional por cometer fraude procesal, borrando las pruebas contra los responsables. Son casos en que los hechos delictivos impactantes, como es el asesinato de los esposos Manzanares, padres de la ex locutora de “la Radio Venceremos”, siguen en la totalidad impunidad después de casi dos décadas. También es acusado tener vínculos estrechos con el Cartel de “Texis” y hay un juicio abierto en su contra por violencia intrafamiliar.

Con una Sala de lo Constitucional integrada por magistrados que obedecen al presidente, con un fiscal que ha sido su empleado, con una maquinaria de propaganda que constantemente dibuja una paz y seguridad jurídica ficticia, el régimen de Bukele sigue adjudicándose milagros en materia de seguridad. Pero la criminalidad se expresa en el control territorial de parte de grupos criminales que impunemente perpetúan el robo, extorsión, desaparición forzada y homicidio, que provocan el desplazamiento masivo de la población para salvaguardar sus vidas.

Sin embargo, todo tipo de violaciones de los derechos humanos se dan con la excusa de “combatir el narcotráfico”.  Desde el año pasado, con esa consigna, Bukele militarizó las fronteras norteñas del país. No se ha reportado éxitos en materia del combate al narco, pero sí, múltiples denuncias de atentados a los derechos de la población fronteriza, a quienes se les ha limitado en su libre transito hacia sus propiedades y la realización de sus labores propias de la agricultura, apicultura y comercio de sobrevivencia. En las recientes elecciones, también se denunció la injerencia del ejército que le impidió ejercer su voto a los opositores al gobierno.

LA ESTABILIDAD LABORAL Y OTROS DERECHOS EN CUIDADOS INTENSIVOS

Nuestras conquistas laborales como la estabilidad y el derecho a la libre organización sindical,  así como el fuero sindical, han sido anuladas por el presidente Bukele. Desde que entró a la presidencia, se cuentan más de ocho mil despedidos del sector público sin respetárseles el debido proceso, en forma arbitraria y generalizada. Se ha despedido a personas que, sin apreciar sus años de experiencia y en muchos casos, su gran mística de trabajo, se les ha despedido sin la debida indemnización y en forma violenta y arbitraria. Algunos despidos se han dado a punta de amenazas a la vida y a la libertad; esto en caso de empleados opositores a quienes  ha sustituido con personas fieles al presidente Bukele; esto sin cuidar de la idoneidad y capacidad para el desempeño del cargo. De esta manera, se han deteriorado los servicios públicos.

El Ministerio de Trabajo tiene como titular a un experto en jardines que trabajó durante años en la alcaldía de San Salvador. Desde entonces se le conoce como un experto en la manipulación y acoso a los empleados municipales, a quienes obligaba a afiliarse a su sindicato, ASTRAM,  bajo su mando y fue denunciado por acciones delictivas que incluyeron el hurto de las tapaderas de los tragantes en la capital salvadoreño, como una forma de boicot al gobierno del partido de izquierda FMLN. Hoy, este hombre, Rolando Castro, encargado de velar por el respeto a los derechos de la clase trabajadora en este gobierno, nunca se ha pronunciado a favor de la estabilidad laboral. Se ha dedicado a negarles a los dirigentes sindicales las credenciales y anular elecciones sindicales libres y democráticas a fin de neutralizar la lucha por la defensa de los derechos conquistados en el ámbito laboral. Tan grave es la situación del sector trabajador, que la Organización Internacional del Trabajo ha incorporado a El Salvador en la lista de países violadores de los derechos laborales.

LA CORRUPCIÓN NO TIENE LIMITES

Los diputados fieles que tomaron posesión el primero de mayo han autorizado al presidente un endeudamiento millonario, colocando el país en situación crítica como sujeto de créditos por parte de los organismos financieros internacionales. La deuda contratada en los primeros cinco meses del año supera el Producto Interno Bruto en más de 90%. Actualmente el presupuesto dedicado al pago de la deuda sobrepasa el 15% pero en años venideros podemos pensar que esto se disparará, de tal forma de obligar mayores recortes en el presupuesto social y/o mayores impuestos sobre la población. Además, Bukele no ha rendido cuentas de los presupuestos ordinarios para el gasto de su gestión pública, tampoco de los más de tres mil millones de dólares que le ingresaron durante la cuarentena decretada por la pandemia del COVID 19. Anuló los mecanismos de control por parte de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la Republica y el Instituto de Acceso a la Información Pública, amordazó los titulares del gabinete de gobierno y existe la amenaza latente de destituir a los titulares de la Contraloría de parte de Corte de Cuentas o de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Estos ya no se han pronunciado ni han insistido en la respuesta que debe dar Bukele a los cuestionamientos por manejos de fondos en beneficio del presidente y sus aliados.

Recién se aprobó una ley de impunidad, llamada “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19″ y conocida como “Ley Alabi”, bautizado por el pueblo con el apellido del Ministro de Salud, contra quien existen 17 casos abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) saliente por compras irregulares de insumos médicos y alimentos durante la pandemia, valorados en más de $150 millones. La “Ley Alabí” faculta al ministerio de salud para hacer negocios con medicamentos que son producidos por empresas que tienen todas las de ganar y que pueden apropiarse de los bienes del sector salud si el gobierno no les paga lo que les debe. Al contrario, no van a responder por sus productos defectuosos. Esto con efecto retroactivo, que impide perseguir los casos de corrupción sobre los fondos públicos aprobados para atender la pandemia del año pasado, incluso los casos donde está involucrado el Ministro.

¿REALIDAD O QUIMERA?

El deterioro de las condiciones de vida parece impactar poco en la opinión pública, pues es más atractivo pensar que se vive en un país “cool”, “moderno” y del “primer mundo” como lo describe el Presidente que enfrentar la realidad de un país cuya pobreza ha incrementado de 29% a 40% en solo dos años, donde se han borrado conquistas sociales importantes como la pensión universal para adultos mayores en los municipios de mayor pobreza, los programas de Agricultura Familiar y Amanecer Rural para las y los campesinos, el programa integral “Jóvenes con Todo” y otros. En los primeros cinco meses de 2021 ha subido el precio de energía eléctrica, gas propano, agua, gasolina y la canasta básica. Bukele ya había advertido en su discurso de toma de posesión que sería necesario tomar “medicina amarga” para que el país se recuperara, y esta amargura ha afectado a miles de familias que se han encontrado desempleados en estos dos años debido a cierres de empresas por la cuarentena, por despidos en el sector público, o sencillamente por la falta de oportunidades.

LA RESISTENCIA CRECE

Aún y así, poco a poco el trago amargo va despertando desafecto y la resistencia al gobierno de Bukele crece en el país. Por un lado, la oligarquía tradicional se siente amenazada por el Clan de Bukele que disputa sus negocios y su poder económico. Aunque algunos de estas familias han plegado al presidente esperando no ser afectados en el afán por acrecentar sus capitales, otras se aferran a la vieja esquema con las uñas y se defienden de Bukele en la Asamblea Legislativa y en las calles.

Por otro lado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, único partido de izquierda en el país, lucha contra la legislación antipopular que los diputados afines de Bukele han introducido en el seno de la Asamblea Legislativa. Rechazaron el golpe de Estado y destitución de los magistrados de la Sala de la Constitucional y el Fiscal General, votaron contra la Ley Alabí y condenaron el envío al archivo de anteproyectos de leyes, producto de la lucha popular, como la Ley General de Aguas, la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y la no Discriminación. Aunque sus cuatros votos no tienen peso en el Salón Azul, sus voces y sus argumentos son un aporte a la resistencia.

Finalmente, una serie de organizaciones populares tan variadas como las sindicales, estudiantiles, campesinas, eclesiales, juveniles, feministas y LGBTI han realizado actos de protesta contra el gobierno como la condena popular realizada por el Bloque Nacional de Resistencia y Rebeldía Popular o la concentración de las Juventudes Antifascistas. Y todavía más organizaciones han emitido pronunciamientos como un gremio profesional PROES, la Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador  y Movimiento Schafik Vive.

Bien dice el dicho popular, “no hay mal que dura cien años ni pueblo que lo resiste”. La medicina amarga y la dictadura antipopular van sembrando las semillas de su propia destrucción. Poco a poco, el desafecto crece y el andamiaje de la dictadura se va erosionando. Tarde o temprano, el cambio siempre llega. La resistencia popular que lleva a este cambio ya está en marcha.

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